México.- Miles de presos sin sentencia seguirán detenidos en México luego de que la Suprema Corte de Justicia pospusiera indefinidamente el debate sobre la legalidad de la prisión preventiva de oficio, que la ONU pide anular porque supuestamente viola los derechos humanos.
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Luego de tres días de discusión, el magistrado Luis María Aguilar retiró el proyecto en el que proponía derogar esa medida, que parecía encaminarse a la derrota en la votación prevista para este jueves.
Aguilar anunció que modificará su propuesta -rechazada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador- para armonizarla con los puntos de vista de los otros 12 jueces, especialmente en cuestiones de forma más que de fondo.
He encontrado algunos puntos en común que evidencian la posibilidad de llegar a un consenso mayoritario” que “proteja los derechos de todas las personas”, dijo Aguilar durante la audiencia en que se esperaba la votación.
El magistrado no precisó cuándo presentará la nueva ponencia.
Un 40% de los casi 227,000 presos contabilizados en México está en prisión preventiva, algunos desde hace varios años, según cifras oficiales que no distinguen entre la medida justificada y la oficiosa (automática), existente desde 1917.
Queda entonces retirado este asunto y será presentado en el momento en que el señor ministro ponente considere que tiene ya todos los elementos para que se pueda ver la nueva propuesta”, señaló por su parte el presidente del tribunal, Arturo Zaldívar.
El pasado lunes, en medio del debate, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU pidió anular la norma, al asegurar que viola derechos humanos como la “presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.
Uno de los casos emblemáticos es el de Israel Vallarta, encarcelado y sin sentencia desde 2005 acusado de secuestro. Por este caso, tras demostrarse violaciones procesales, en 2013 fue liberada su expareja, la francesa Florence Cassez.
El artículo constitucional que consagra la prisión preventiva indica que ninguna persona podrá pasar detenida más de 72 horas sin que la Fiscalía justifique su vinculación a proceso.
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En la oficiosa, el juez tiene potestad de mantener preso al acusado sin que los fiscales lo soliciten, pues basta con que sea acusado por los delitos previstos en la norma.
López Obrador sostiene que la figura, que considera clave en la lucha contra la delincuencia y la impunidad, solo puede ser modificada por el Congreso.
En 2019, su bancada, mayoritaria en el Legislativo, amplió incluso la lista de delitos con prisión oficiosa, incluyendo enriquecimiento por corrupción, feminicidio, robo de hidrocarburos y a viviendas, y desaparición forzada.
