La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a un juez federal imponer 82 años de prisión a Jesús Murillo Karam.
El extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) sería condenado así por el primer proceso que se le inició por el caso Ayotzinapa.
Murillo Karam sería declarado culpable de tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia en el Caso Iguala. Así lo solicita la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Tal Unidad pide además que se le imponga el pago de 20 mil días de multa, equivalentes a 1 millón 792 mil 400 pesos.
Los 82 años que pide la FGR se dividen en diez por delitos contra la administración de justicia; doce por tortura y 60 por desaparición forzada.
Un juez halló méritos para procesar a Murillo Karam por la desaparición de los 43 estudiantes en 2014, convirtiéndose en el funcionario de mayor nivel que enfrenta a la justicia por este “crimen de Estado”.
Murillo Karam, responsable de la llamada “verdad histórica”, como bautizó su cuestionada investigación sobre el caso, será enjuiciado penalmente por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia, informó el Consejo de la Judicatura en agosto de 2022.
Durante la audiencia del miércoles 24 de agosto de 2022, Murillo Karam, de 74 años, defendió la investigación de la Procuraduría General (PGR), entonces dependiente del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
“Puedo aceptar algunos errores, pudieron cometerse fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar (su versión)”, dijo el exprocurador, según un periodista del diario Reforma presente en la diligencia.
La PGR, que endilgó la culpa a policías municipales ligados al cártel Guerreros Unidos, fue sustituida en 2019 por la Fiscalía General, ahora autónoma.
Entre las pruebas que presentó la Fiscalía contra Murillo Karam destacaron las ruedas de prensa que ofreció sobre el caso, en las que aseguró que el cártel ordenó el secuestro y asesinato de los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa (estado de Guerrero, sur) para después incinerarlos y arrojar sus cenizas a un río.
