México.- La decisión del gobierno de México de encargar tareas de seguridad pública a los militares quedó envuelta en una batalla legal, luego de que este lunes una jueza suspendió indefinidamente dicho plan por considerarlo inconstitucional.
El fallo de la magistrada federal Karla Macías frenó el paso de la Guardia Nacional -cuerpo policial de carácter civil- a la Secretaría de Defensa, aprobado por el Congreso en septiembre último por iniciativa del gobierno.
Esa decisión de la mayoría oficialista dejó a la fuerza policial -de 115.000 hombres- bajo el control operativo y administrativo del Ejército.
Pero al fallar un recurso de amparo de la oenegé Uniendo Caminos, la jueza determinó que la seguridad pública es potestad de organismos civiles y no militares.
La Constitución prescribe no solo el fin, sino también el medio constitucionalmente legítimo para llevar a cabo las tareas de seguridad pública: órganos de carácter civil, no militar”, indica la sentencia.
Macías ordenó que la Guardia Nacional continúe bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como ocurría desde que el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador creó el organismo en 2019, en reemplazo de la Policía Federal.
La jueza ya había adoptado una decisión similar el pasado 13 de octubre, pero un tribunal colegiado la desestimó alegando que el querellante no tenía “interés jurídico” o legítimo para solicitar el amparo.
Quien va a tener la última palabra (…) es la Suprema Corte de Justicia a través de (…) una acción de constitucionalidad o una controversia, pero esto va a tardar”, explicó a la AFP Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM).
“Es una batalla, pero no la guerra”, añadió el experto, apuntando que el fallo de Macías no tendría “efectos generales”, por lo que el traspaso seguiría su marcha.
López Obrador justifica su decisión sobre la Guardia aduciendo que las Fuerzas Armadas son menos permeables a la corrupción y gozan de popularidad, pero sus críticos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguran que profundiza la militarización y significa un retroceso en materia de garantías fundamentales.
El pasado 12 de octubre, el Congreso mexicano también aprobó una reforma que prolonga la participación del Ejército en tareas de seguridad hasta 2028.
México acumula más de 340.000 asesinatos y decenas de miles de desaparecidos, la mayoría atribuidos al crimen organizado, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.
